Gómez Palacio, Dgo.- Las sanciones y multas contra quienes hacen uso irregular del agua potable en Gómez Palacio representan un acto de justicia social, afirmó el síndico del Ayuntamiento, Juan González Díaz, al respaldar las acciones emprendidas por la administración municipal para combatir las tomas clandestinas y el aprovechamiento indebido del recurso.

El funcionario señaló que las irregularidades detectadas recientemente por la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, evidencian prácticas que afectan directamente a la ciudadanía, como conexiones ilegales en quintas y la operación de una estación gasolinera que utiliza una sola toma de agua potable para diversos negocios, pagando una cantidad mínima por el servicio.

Robo de agua potable afecta a familias y comunidades

González Díaz explicó que el problema no se limita a pérdidas económicas o técnicas para el municipio, sino que tiene consecuencias directas para las familias que enfrentan escasez del recurso.

Indicó que la alcaldesa ha constatado personalmente diversas anomalías durante recorridos de supervisión, las cuales forman parte del 40 por ciento de pérdidas registradas en la red hidráulica. Ante esta situación, advirtió que se aplicarán las sanciones establecidas en la ley, sin posibilidad de descuentos ni convenios una vez detectada la irregularidad.

“Toda la gente hace el esfuerzo por pagar su servicio y no es justo que quienes lucran con el agua no cubran siquiera el pago básico correspondiente”, expresó el Síndico.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios que no tengan regularizada su situación para que se acerquen a las autoridades y resuelvan cualquier inconsistencia en sus contratos o servicios.

También destacó que la administración municipal mantiene una política de cercanía con la ciudadanía y supervisión permanente de los servicios públicos, lo que ha permitido detectar casos que afectan la distribución equitativa del agua potable.

Regularización permitirá mejorar el servicio de agua potable

El representante municipal aclaró que el Gobierno de Gómez Palacio no busca obstaculizar el crecimiento económico ni el desarrollo de nuevos proyectos, sino garantizar que exista orden y legalidad en el uso del agua potable.

Subrayó que una conexión ilegal a la red implica que parte del recurso deje de llegar a los hogares, además de generar posibles daños a la infraestructura hidráulica y afectar el funcionamiento del sistema de distribución.

En ese sentido, explicó que los usuarios y negocios que decidan regularizarse de manera voluntaria podrán acceder a facilidades y convenios; sin embargo, dichas opciones quedan descartadas cuando las irregularidades son detectadas por la autoridad y derivan en una sanción administrativa.

Finalmente, González Díaz recordó que la presidenta municipal anunció recientemente nueve obras destinadas a fortalecer el suministro de agua potable en las comunidades rurales de Gómez Palacio, por lo que la regularización de tomas clandestinas y el uso responsable del recurso contribuirán a mejorar el servicio para los habitantes del medio rural y urbano del municipio.