Gómez Palacio, Dgo.- Exfuncionarios de la pasada administración municipal hicieron una aclaración sobre las presuntas inconsistencias administrativas presentadas por la actual gestión, como resultado del proceso de entrega-recepción, donde señalaron irregularidades por más de 432 millones de pesos.

En rueda de prensa ofrecida este martes, coincidieron en señalar que hay contradicciones en la información presentada el pasado jueves por la actual administración, aseguraron que cuentan con toda la documentación que avala sus dichos, señalaeon que en su momento comparecieron ante la contraloría municipal para hacer las precisiones respecto a las supuestos irregularidades detectadas y de las cuales por cierto es tiempo que no reciben una respuesta.

El extesorero municipal, Óscar García Villarreal, cargo con el 60 por ciento de las aclaraciones, destacando de entrada que las cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018, fueron aprobadas por los entes respectivos.

Aseguró que el contrato con la Consultoría fue por los tres años de la administración y sostuvo que tienen la facultad de adecuar el presupuesto siempre y cuando este sea aprobado por el cabildo, los que en este caso así ocurrió, por lo cual descartó que hubiesen rebasado irregularmente lo establecido en el presupuesto.

También señaló que, a la consultoría, se le pagó todo antes de que concluyera la gestión porque de lo contrario se harían acreedores a sanciones.

En el rubro de ayuda social, explicó que los cheques se emitieron son legales y que se hizo de esta forma para evitar incurrir en el supuesto de delitos electorales, al tener que solicitarles su credencial de elector al beneficiario.

En cuanto a los del pago del ISSSTE informó que hubo algunos problemas con el Instituto al no aceptar pagos que el ayuntamiento ya había realizado en el ejercicio de 2016, logrando al final llegar a un acuerdo, pero fue hasta el 30 de agosto, es decir un día antes de la conclusión de la administración, por lo que no fue posible hacer el pago.

Sin embargo, el extesorero manifestó que se dejó el recurso suficiente para hacer el pago, e incluso afirmó que él mismo le recomendó a la nueva administración que pagaran a la brevedad.

En cuanto al fondo de ahorro de los trabajadores sostuvo que les pagaron las quincenas del 1 al 10 y que solo quedaron pendientes seis quincenas por pagar en diciembre de 2019 como siempre se realiza, lo cual se debió cubrir con las dos participaciones federales que llegan precisamente en diciembre en este caso de 2019.

Por su parte, Juan José Ramírez Ortiz, quien fuera director de catastro municipal, señaló que en la comparecencia a la que fue citado por la contraloría municipal, cumplió con la respuesta a las cinco aclaraciones que le pidieron y es fecha que no le han dado un resultado final al respecto.

De la misma forma Aidee Román, actualmente regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y entonces titular del área de informática, sostuvo que los señalamientos de que no había resguardos de la base de datos es falsa, pues de ser cierto no estarían recibiendo los pagos del predial, considerando que se hizo un juicio irresponsable que ha afectado su imagen como servidora pública.

El exoficial mayor, Francisco Bardan, negó que existieran irregularidades en las 130 acciones de los cuartos para baños y en las 2 mil 23 lámparas que se instalaron en el área rural, al asegurar que los contratos con los proveedores están claramente especificados, además de que los proveedores están en total estado de indefensión pues nunca fueron citados por la contraloría municipal para que hicieran las aclaraciones pertinentes.

Por su parte, Juan Salazar Reyes, exdirector de servicios públicos, explicó en el caso de las lámparas, que el brazo de la luminaria no necesariamente tendría que ser abatible o no, fue una opción que consideraron desechar dado que al instalarse en 76 comunidades rurales no era necesario que contaran con esa característica.

Finalmente, el exdirector del SIDEAPA, aclaró que el pago que se hizo de más de 900 mil pesos, no era para comprar medidores sino para instalar un modelo de telemetría que permite monitorear el estado de los pozos y cuyos resultados llegaban a una computadora del sistema operador de agua y a los teléfonos celulares de los ingenieros, responsables de las fuentes de abastecimiento.

En cuanto a los más de 73 millones de pesos que se ejercieron en obras, sostuvo que todos fueron licitados y solo en algunos casos obras fueron adjudicación directa, pero debido a situaciones de emergencia que se dieron como el caso de la aparición de dolinas.

En la rueda de prensa, el e síndico municipal, José Lorenzo Natera, precisó que sería únicamente informativa y que por lo tanto no habría preguntas al respecto.