Ciudad de México, 15 de junio.- Con 94 votos a favor y 23 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley General De Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como “Ley 3 de 3”, que establece las obligaciones y sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves en materia de corrupción.

Tras un intenso debate que se prolongó hasta las 2:23 de este miércoles, algunos senadores del PRD, decidieron votar en contra, luego de que su intento por reformar el artículo 29 referente a la publicidad de las declaraciones, fallara al no obtener los votos que permitieran arrebatar la mayoría al PRI y PVEM.

De esta manera se aprobó un adendum elaborado por los priistas y verde ecologistas que, señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.

Al respecto el perredista Zoé Robledo, refirió que la llamada “Ley 3 de 3” no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, “pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política”, el más simbólico y que le da más significado a la existencia de todo el sistema, abundó.

Mientras la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que las reformas que combaten la corrupción no se aprueban por la voluntad política del partido en el gobierno, “sino por la presión incontenible de la ciudadanía y de la oposición responsable del Congreso”.

Propuso cambios en la redacción del adendum para describir el formato actual de las versiones públicas que se utilizan para la “Ley 3 de 3”. Dijo que las declaraciones patrimoniales no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México.

Entre los objetivos de esta Ley están: establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías; en caso de faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan; y ante la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el ministerio público.

Al respecto, la senadora Martha Tagle dijo que con esta reforma se abre la puerta para que las leyes dispongan a quién no se le podrán imponer responsabilidades; asimismo, no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, como bienes muebles e inmuebles.

Consideró que la propuesta carece de un sistema de protección a denunciantes y testigos. Lamentó que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo podrán tener un beneficio para que se les disminuya la sanción administrativa o penal, “lo que resulta de una gravedad mayúscula”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PVEM, María Elena Barrera Tapia, defendió el dictamen aprobado y dijo que a través de esta ley se entiende un reclamo social, ya que la ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas, que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México.

En contra de la propuesta, el senador Raúl Morón Orozco, del PRD, comentó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas “no cumple con las exigencias de la sociedad mexicana, más bien ha traicionado su voluntad”.

Señaló que por encima del derecho a la privacidad en la información personal, debe prevalecer la supremacía del interés social y el interés público, por lo cual es necesario generar un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia y el combate a la corrupción.

La ley será enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.

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