Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano anunció este miércoles el plan de seguridad para proteger a unos 7 mil excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Lo anterior como respuesta a los asesinatos que han denunciado los líderes de la futura organización política.

Las fuerzas armadas destinarán unos 5 mil hombres a resguardar 10 de las 26 zonas donde quedaron concentrados los rebeldes después de su desarme y que presentan mayor riesgo, explicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, conforme al diario local El Tiempo.

“La seguridad de los desmovilizados, de los reincorporados, es la prioridad de la fuerza pública”, afirmó el funcionario en una rueda de prensa en la sede de gobierno.

El martes, el presidente Juan Manuel Santos dio por terminado medio siglo de conflicto con las todavía llamadas FARC, que depusieron las armas tras un acuerdo de paz.

Los excombatientes permanecerán en las áreas a las que llegaron desde finales del año pasado para cumplir con su desarme, donde llevarán a cabo proyectos productivos, añadió la Agencia France Press.

El Ministerio de Defensa clasificó esas regiones: en las diez de más alto riesgo mantendrá el dispositivo militar actual, de entre 450 y 500 hombres del ejército.

Las otras 16, de amenaza media o baja, contarán con 281 militares, además de un dispositivo policial.

Los dirigentes de la que fue la guerrilla más poderosa del continente han manifestado su preocupación por la seguridad de los excombatientes.

“La seguridad de las FARC y sus familias es crítica: ya son 22 asesinados durante 2017”, escribió en su cuenta de Twitter Rodrigo Londoño, jefe máximo de los exrebeldes.

Sólo en la última semana se registraron dos asesinatos de miembros de las FARC que ya habían sido amnistiados, reconoció Villegas.

De su lado, Santos se comprometió a garantizar la seguridad de la organización.

Las FARC, que lanzarán su movimiento político el 1 de septiembre en Bogotá, entregaron a los últimos menores que combatieron con ellos y la lista definitiva de bienes para reparar a víctimas.

En total fueron 124 menores los que dejaron las filas de la organización, según Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos.

Excélsior