Hoy se vence el plazo fijado al foro legislativo para responderle al Ejecutivo sobre si avala o no el decreto

Caracas, 22 de enero.- La Asamblea Nacional venezolana, con mayoría opositora, decide hoy si aprueba o rechaza el decreto de emergencia económica que remitió el presidente Nicolás Maduro, con el que espera afrontar la crisis que azota a la economía del país petrolero.

Hoy se vence el plazo fijado al foro legislativo para responderle al Ejecutivo sobre si avala o no el decreto.

La Asamblea no se ha pronunciado oficialmente todavía, pero voceros de la bancada opositora han expresado la posibilidad de que sea rechazado.

El jefe de la comisión especial que estudió el tema, el diputado opositor José Guerra, dijo que el debate será completado cuando concurran a la cámara los responsable del gobierno en el área económica, para lo cual fueron citados la tarde de ayer y no asistieron.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la noche del miércoles que el decreto es constitucional.

Según expertos en leyes, si la Asamblea rechaza el decreto, éste quedará sin efecto y el gobierno tendrá que buscar otros caminos para aplicar las medidas derivadas, aunque sin el visto bueno de la legislatura.

El presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos Allup, señaló que será importante la información que presenten los ministros del área económica en la interpelación para que la comisión elabore el informe que será votado en la plenaria.

“El decreto es más de lo mismo, si aprobamos el decreto estamos compartiendo culpas y responsabilidades que no son nuestras, que son del Ejecutivo, pero si no aprobamos el gobierno va a decir ‘no resolví la crisis, el desabastecimiento y la inflación’ porque la Asamblea negó decreto”, señaló.

El gobierno planteó el decreto de emergencia a fin de afrontar la crisis económica que se ha agudizado por la caída de los precios petroleros.

El decreto propone que las medidas estén vigentes durante 60 días, prorrogables por otros 60. Señala que Venezuela enfrenta una coyuntura derivada de los efectos de una “guerra no convencional”, a la que le atribuye el desplome del barril petrolero.

El decreto indica que los Ministerios de Economía y Finanzas podrán efectuar las acciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer “límites máximos de egresos e ingresos de la moneda venezolana, así como restricciones a denominadas operaciones y transacciones comerciales y financieras”.

Señala además que el Presidente podrá dictar medidas de orden social económico o político que considere convenientes a las circunstancias.