El panorama político de Sinaloa y del país entero se sacudió cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y parte de su círculo cercano por presuntos nexos con el crimen organizado. La respuesta inmediata del mandatario fue solicitar una licencia temporal para, según sus palabras, facilitar las investigaciones y defender su inocencia.

Hoy, el escenario plantea una interrogante jurídica y soberana de altísimo calibre: ¿debe el gobernador con licencia entregarse o ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado en una corte de Nueva York? Una decisión de esta magnitud no es simple; de un lado pesa la exigencia de rendición de cuentas, y del otro, el celo por la soberanía nacional. Pongamos los pros y los contras en la balanza.

Los Pros: El peso de la justicia y la rendición de cuentas

El principal argumento a favor de que Rocha Moya comparezca ante las autoridades estadounidenses radica en la eficacia e independencia de su sistema judicial. Históricamente, las cortes federales en EE. UU. (particularmente los distritos de Nueva York) han demostrado tener la capacidad técnica, los recursos de inteligencia y el aislamiento político necesarios para llevar a juicio casos de alto perfil vinculados al narcotráfico, algo que el sistema penal mexicano muchas veces no logra debido a la infiltración institucional o las presiones políticas.

Permitir que el proceso avance en el extranjero mandaría un mensaje contundente de que en el México de hoy no hay espacio para la impunidad, sin importar las siglas partidistas o el cargo que se ostente. Despejar las dudas en un tribunal internacional —donde los fiscales tendrían que exhibir pruebas contundentes y no simples narrativas— podría limpiar el nombre del exmandatario si es inocente o, en caso contrario, castigar una de las traiciones más graves hacia la ciudadanía sinaloense.

Los Contras: La soberanía herida y el debido proceso

En la otra cara de la moneda, el principal obstáculo es de carácter constitucional: la soberanía nacional. Que un mandatario electo democráticamente en México sea juzgado en el extranjero sienta un precedente incómodo. Sugiere de manera implícita que las instituciones de procuración de justicia mexicanas, como la Fiscalía General de la República (FGR), son incapaces de investigar y procesar a sus propios funcionarios. De hecho, la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en exigir que se presenten las pruebas correspondientes antes de dar cualquier paso judicial irreversible.

Por otro lado, existe un riesgo político y diplomático innegable. Las acusaciones extraterritoriales de Estados Unidos a menudo se basan en testimonios de testigos protegidos (criminales confesos buscando reducir sus propias condenas), lo que abre la puerta a que la justicia sea utilizada como una herramienta de presión geopolítica. Entregar a un gobernador con licencia sin que las instancias mexicanas agoten sus propias investigaciones y determinen responsabilidades debilita el Estado de derecho interno y vulnera las garantías del debido proceso.

El veredicto de la balanza

La licencia de Rubén Rocha Moya fue un movimiento político necesario para contener el golpe inicial, pero el fondo del problema sigue intacto. Mantener el caso exclusivamente en México corre el riesgo de ser percibido como un “pacto de impunidad” o una simulación protectora. Por el contrario, un traslado inmediato a Estados Unidos significaría ceder el monopolio de la justicia a una nación vecina que históricamente ha utilizado estos juicios para calibrar su agenda política con México.

La solución ideal no debería ser una exclusión mutua. La balanza se inclinará de manera justa únicamente si las autoridades estadounidenses comparten de inmediato todas sus evidencias con la FGR, permitiendo que México actúe primero. Si el estado mexicano falla en su deber de investigar con total transparencia y rigor, entonces la vía de la justicia internacional no solo será inevitable, sino moralmente obligatoria para un Sinaloa que exige, por encima de todo, la paz y la verdad.

Por su comportamiento y declaraciones recientes, parecería que Rocha Moya está apostando todo a una carta: la de confiar en que, de ser procesado, su caso se mantendrá bajo la jurisdicción de los tribunales mexicanos, donde el peso político y el cobijo institucional suelen ofrecer un terreno más predecible. Sin embargo, esta estrategia podría pecar de optimista. Con los antecedentes de capturas de alto perfil y la presión bipartidista en Washington, la posibilidad de enfrentar la justicia de los Estados Unidos no es, ni mucho menos, un escenario lejano; al contrario, es una sombra constante que acecha al exmandatario a la menor señal de que las instancias nacionales titubeen o decidan soltarle la mano.