La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de elementos pertenecientes a la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), mediante colaboración con autoridades del estado de Chihuahua, arrestó a Jaime “N” y Ramón Abigael “N”, de 29 y 30 años de edad, respectivamente, por su probable comisión del delito de secuestro agravado cometido en agravio de cinco chinos.

El 16 de febrero de 2014, las víctimas se desempeñan como empresarios del ramo restaurantero, fueron interceptados por los ahora imputados en compañía de Pedro Leija Ramírez, José Armando Díaz Juárez y Safiro Bustillos Lerma (sentenciados), al exterior de su negocio ubicado en la zona centro de esta ciudad de Durango, sitio al que arribaron portando armas de fuego, para privarlos de su libertad y llevarlos a un lugar de cautiverio.

Posteriormente, los captores se comunicaron con familiares de los afectados, exigiéndoles la entrega de una fuerte cantidad de dinero como pago a cambio de su libertad, situación ante la cual las familias acudieron a esta dependencia para exponer la situación y presentar formal denuncia.

La FGE implementó un operativo en el que participaron elementos de la UECS, quienes se desplegaron por dicha zona para la búsqueda de las víctimas, logrando ubicar el domicilio en donde los tenían privados de la libertad, realizando la intervención táctica que permitió el rescate con vida de las personas.

Además, continuando con el mismo operativo, se logró la detención en flagrancia de los masculinos identificados como Pedro y José Armando, y en el año 2015 la aprehensión de Rodríguez Lerma, mientras que recientemente los agentes de la UECS realizaron la captura de Jaime y Ramón Abigael en el vecino estado de Chihuahua..

Estos dos últimos mencionados, eran considerados objetivos prioritarios para autoridades de 5 entidades diferentes, debido al alto índice de violencia que representaba en sus territorios luego de que secuestraran a más de 90 personas de la misma nacionalidad.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público aportó los elementos de prueba necesarios para que el Juez de Control los vinculara a proceso por el delito de secuestro agravado, imponiéndoles prisión preventiva como medida cautelar, al tiempo de conceder a la representación social un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.