La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), fue notificada de la sentencia condenatoria en contra de Marcos Rodríguez Arenas y Ricardo Benjamín Aguilar Cazares, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de Óscar Avalos Tralleros y Óscar Avalos Chacón, de 56 y 22 años de edad, respectivamente, agentes del Minisiterio Público de Gómez Palacio.

El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2012, cuando los ahora occisos se encontraban al exterior de una tienda de conveniencia, ubicada en una de las calles de la colonia Chapala del municipio de Gómez Palacio, Durango, lugar al que llegaron Marcos y Ricardo, a bordo de dos vehículos, uno de la marca Nissan, línea Sentra, color dorado, modelo atrasado, y el otro de la línea Tida, para posteriormente privar de la libertad a las víctimas.

Posterirmente los trasladaron a las inmediaciones del poblado La Polvareda de este, donde los mantuvieron en cautiverio al interior de un domicilio, privándolos de la vida, por lo que ese mismo día aproximadamente a las 22:00 horas, transportaron los restos de los occisos hacia las inmediaciones del Periférico y boulevard Ejército Mexicano de Lerdo, Durango, dándose a la fuga.

Tras este suceso, familiares de las víctimas acudieron ante la Vicefiscalía de la Comarca Lagunera, para interponer la formal denuncia, posteriormente los Agentes Investigadores adscritos a la UECS, comenzaron con las indagatorias correspondientes, con lo que ubicaron a Marcos, quien se encontraba internado en el Centro de Reinserción Social No. 1., por una causa penal diversa, girándosele orden de aprehensión por el delito referido.

Al continuar con las investigación, lograron localizar a Ricardo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 12 de marzo de 2018, por lo que quedó detenido y trasladado gracias a un oficio de colaboración con dicho estado, para quedar a disposición del Agente del Ministerio Público.

Finalmente, los elementos de prueba que integraron la carpeta de investigación elaborada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la UECS, fueron un factor contundente para que el Juez de Control y Enjuiciamiento dictara sentencia condenatoria por 40 años de prisión para ambos, así como una multa por la cantidad de 245 mil 520 pesos, y como reparación del daño 1 millón 100 mil 736 pesos.