Vinculan a proceso a presunto homicida
Como medida cautelar deberá cumplir al interior del Cereso No. 1 un plazo de dos meses para el cierre de la investigación
Un Juez de Control y Enjuiciamiento vinculó a proceso a Enrique “N”, de 65 años de edad, por la probable comisión del delito de homicidio y lesiones calificadas, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Antonio Hernández Quezada, de 33 años de edad, quien falleció a causa de una herida por arma de fuego penetrante de cráneo, así como de María Aurora Olguín Soto y Jesús Alfonso Hernández Quezada.
El hecho ocurrió el 9 de junio de 2018, aproximadamente a las 20:30 horas, momento en que Antonio se encontraba al exterior de su domicilio ubicado en el poblado Ignacio M. Altamirano, Canatlán, Durango, en compañía de Jesús Alfonso y de otro hombre, cuando al lugar llegó Enrique y su hermano Raúl, siendo este último el que, producto de una discusión, se lio a golpes con el ahora occiso.
Posteriormente, Enrique sacó un arma de fuego y, en apoyo de su hermano, disparó en contra de los ahí presentes, hiriendo a Jesús Alfonso y a María Aurora, quien ajena a la discusión salía de su domicilio.
Estos fueron trasladados para recibir atención médica al hospital Regional de Canatlán, pero debido a la gravedad de las lesiones fueron llevados a un nosocomio de la ciudad de Durango, lugar en donde dos días después perdió la vida Antonio.
Mientras que María Aurora presentó una herida por arma de fuego en región en la ingle derecha; Jesús Alfonso una herida en tórax, así como en antebrazo derecho.
El Agente del Ministerio Público, Policías Investigadores de Delitos (PID) y Peritos Criminalistas, analizaron las evidencias recabadas, y gracias a las entrevistas que se realizaron a los testigos, lograron establecer la responsabilidad de Enrique, por lo que se solicitó al Juez una orden de aprehensión por los delitos señalados, la cual se cumplimentó el 15 de enero del año en curso.
Finalmente este martes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que el Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir al interior del Centro de Reinserción Social No. 1, fijándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
