La prisión preventiva provoca que la presunción de inocencia no se respete y que la carga de trabajo para los juzgadores y la población en las cárceles se incremente

Uno de los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que se inauguró en Durango desde el 14 de diciembre de 2009 en el distrito judicial número uno, era disminuir la población en los centros de readaptación al implementar mecanismos alternos de resolución de conflictos, sin embargo, al menos a nivel local tuvo un efecto contrario.

Según el estudio Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario Mexicano, realizado por Guillermo Zepeda Lecuona para el observatorio México Evalúa, en 2013 el 41.6 por ciento de la población penitenciaria en México estaba recluida en algún Centro de Readaptación sin haber recibido una sentencia.

Apenas cinco años antes, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma en la cual se sientan las bases para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el objetivo, según relata el presidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, Mario Pozo Riestra de “despresurizar los centros de reinserción social al tener el menor número de casos que se llevaran a juicio”.

Según el sitio oficial del Nuevo Sistema, en este se establecen mecanismos alternativos de solución de conflictos como son la suspensión del proceso a prueba o la celebración de acuerdos reparatorios, por lo que hasta ahí todo iba bien, dijo el abogado.

Pero el 17 de febrero de 2011 el Congreso local determinó reformar tanto del Código Penal del estado como el de Procedimientos Penales y eliminar la figura del perdón como una medida para inhibir delitos como el robos y la reincidencia.

Esto derivado de la presión ejercida por cadenas comerciales quienes agobiados por el robo constante de mercancías y la reincidencia de los ladrones amenazaron con dejar el estado, lo que llevaría a la pérdida de empleos formales.

Y es que en el nuevo Sistema se prioriza la reparación del daño a la víctima, más allá del carácter punible de la conducta del agresor, lo que dio pie al fenómeno conocido como “Puerta Giratoria”, expresión que hace referencia a la rapidez con la que el infractor entra y sale de prisión.

Al eliminar la figura del perdón, se eliminó también una parte esencial de la naturaleza del Nuevo Sistema, la presunción de inocencia para el imputado y la posibilidad de disminuir tanto la carga de trabajo para los juzgadores en México como la población en las cárceles del país, sentencia Mario Pozo.

Esto debido a que ahora, se dicta prisión preventiva en todos los casos, sean graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos violentos o contra la nación o el robo de un paquete de frituras en un Oxxo o un accidente de tránsito.

Esto ha provocado que la población en los penales en lugar de ir a la baja vaya en aumento y que además el número de sentenciados por el delito por el que fueron procesados tampoco muestre recuperación.

En 2013, año en que Durango tenía solo mil 891 reos del fuero común según datos del INEGI, el estudio de México Evalúa sobre los centros de readaptación arrojó que en Durango el 82.4 por ciento de los internos procesados por delitos de competencia local esperaban sentencia.

Se buscó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para una actualización de datos, sin embargo hasta el momento de redactar estas líneas no hubo respuesta.

La única información disponible corresponde al Censo Nacional de Gobierno Seguridad y Sistemas Estatales 2015 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el que se detalla que al cierre de ese año había tres mil 362 internos del fuero común y 29 del fuero federal en cárceles del estado.

El estudio detalla que en ese año había 723 internos del fuero común cumpliendo condena y solo 90 sentenciados, pero no detalla el estado de los 329 reclusos del fuero federal.

Para este 2016, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Fernando Ríos Quiñones informó que la población de internos en el estado es de tres mil 300, lo que significa que se mantiene sin cambios con respecto al año anterior, pero debe tenerse en cuenta que en los últimos meses ha habido traslados a otros Centros Penitenciarios.

“Un último traslado se realizó al Complejo de Islas Marías de 159 internos, esto aunado a los 50 internos que ya se habían enviado al Cefereso No 14 con sede en Gómez Palacio por el delito de secuestro hemos disminuido la población”, apuntó.

La denuncia de Mario Pozo Riestra sobre el colapso del sistema de Justicia local cobra sentido al hacer el comparativo entre el número de internos en 2013 cuando había solo mil 891 reclusos contra los tres mil 362 que sumaban en 2015 y que se mantienen a la fecha en Centros de Readaptación de Durango.

El abogado afirma que la implementación del Nuevo Sistema si bien es un esfuerzo loable por parte de las autoridades tampoco ha venido a resolver el problema de impartición de justicia ya que tenemos a ladrones de poca monta llenando las cárceles mientras que las víctimas de delitos graves siguen sin obtener justicia y reparación del daño.

Para el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Apolonio Betancourt Ruiz, la ausencia de sentencias es un buen indicativo del éxito del Nuevo Sistema “El éxito en el Nuevo Sistema de Justicia Penal es menos sentencia pero más solución de asuntos, no quiere decir que no se solucione, aquí se habla de soluciones no de sentencias, si hay mayor número se sentencias quiere decir que el sistema no opera”, declaró.

El presidente de la Barra de abogados no es tan optimista al respecto “Sino estamos colapsados si estamos atrasados, la gente se queja de que no hay cumplimento para que se desarrollen las audiencias”, sentenció.

El 8 de junio vence el plazo fijado para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia para todo el país, en Durango a pesar de los avances se tiene un sistema híbrido que ni es oral ni es tradicional y esto en lugar de resolver el problema de fondo agrava lo que ya estaba mal con la impartición de Justicia.