El Tribunal Estatal Electoral (TEE) determinó este jueves que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) deberá reasignar el financiamiento que otorga a partidos políticos, para incrementar el monto que se le otorgará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El magistrado presidente del Tribunal, Raúl Montoya Zamora explicó la Constitución establece que del 100 por ciento del presupuesto aprobado para el financiamiento de partidos políticos el 30 por ciento se asigna de manera igualitaria y el 70 por ciento restante se otorga con base en la fuerza electoral, es decir a más votos obtenidos en la elección mayor es el recurso.

Sin embargo, el Consejo General del IEPC “únicamente asignó el dos por ciento del monto total al partido Morena”, es decir que lo consideró en el 30 por ciento que se otorga de manera igualitaria pero, sin un argumento válido, lo dejó fuera de la bolsa de 70 por ciento de los recursos que se otorgan con base en la participación.

Esto a pesar de que Morena en la pasada elección sumó votos que significan el cinco por ciento del total de votación en el proceso en el que se renovó el gobierno del estado, el Congreso local y los 39 ayuntamientos.

Montoya Zamora rechazó que la modificación ordenada desde el TEE signifique otorgar un mayor presupuesto a los partidos políticos en la entidad, simplemente dijo, se trata de hacer una reasignación de los recursos, esto significa que organismos como Acción Nacional (PAN) o el Revolucionario Institucional (PRI), recibirán menos recursos.

En cambio Morena, a quien se le había asignado un recurso de un millón 180 mil pesos, tendrá derecho a prerrogativas que asciendan a poco más de cuatro millones de pesos en el estado.

El magistrado informó que actualmente el Tribunal tiene pendientes 10 asuntos, nueve de ellos relacionados con la impugnación de la elección en las villas de Lerdo y una con la impugnación, también en una junta municipal pero de Mapimí.

En el caso de Lerdo, el magistrado explicó que lo que se solicita es la anulación de la elección, con el argumento de que no existía un padrón de electores y de que algunos de los funcionarios presentes en la casilla trabajan en el Ayuntamiento de aquella región.

En el caso de Mapimí la impugnación argumenta que el candidato ganador no cumple con los requisitos de elegibilidad.