El Estado cuenta con una ley de derechos y protección para los niños, niñas y adolescentes, con lo que se pretende garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, sin embargo, los ayuntamientos no tienen la infraestructura necesaria para operar.

Esto hace que al igual con la alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), la implementación de políticas públicas por parte del Gobierno del Estado sea casi imposible.

El video dura poco más de un minuto. En él se observa a una mujer que golpea a un adolescente en uniforme con lo que parece ser un trozo de cable. Los gritos del joven y la animosidad de quien se comprobó era su madre para seguir golpeándolo viralizaron la grabación.

En el seguimiento del caso, que surgió en esta ciudad capital, la directora del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF), Rocío Azucena Manzano Cháidez declaró entonces que un aproximado del 40 por ciento de las denuncias por violencia contra menores de edad trascienden y se judicializan.

Sin embargo, a la pared burocrática que se enfrentan las víctimas debe sumarse un factor más en el caso de los menores de edad, que van de los 10 a los 19 años, y tiene que ver con la falta de infraestructura a nivel municipal para dar seguimiento y atención a estos casos.

El lado práctico de las leyes: el cascabel del gato

En Durango, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo III señala que “para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales deberán: Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno”.

Luego, en el artículo IV la legislación local apunta que “las autoridades estatales y municipales, en el diseño y ejecución de políticas públicas deberán garantizar el máximo bienestar posible de niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés superior, tomando en cuenta su situación familiar y social”.

No obstante, igual que sucedió tras la declaratoria de una Alerta por Violencia de Género para 16 municipios de la entidad, los presidentes municipales reconocen que el alcance es limitado toda vez que no cuentan con recursos económicos o humanos para dar seguimiento a las acciones.

En el caso de San Juan del Río, el alcalde Víctor Hugo Ramírez Ramírez apuntó que “se requiere que se contara en los municipios con algún espacio de infraestructura donde se pudieran albergar los niños para darles cuidado por alguna temporalidad”, destacó.

Añadió que, en el corto plazo, debido a que la creación de un albergue regional requiere un proceso de planeación para determinar temas como la ubicación, el recurso disponible y la operatividad del mismo, para los Sistemas DIF a nivel municipal sería positivo que las instalaciones del DIF estatal abrieran sus puertas en un ejercicio de coordinación en favor de los niños vulnerables de los 38 municipios.

“Que si se diera el seguimiento y la atención porque muchas veces nos encontramos con que no podemos llegar y decir ‘préstame tu niño porque no lo cuidas’ las leyes protegen tanto al niño como a los papás”, destacó.

Ezequiel Jurado Medina, alcalde en el municipio de Rodeo, señaló que la falta de espacios para dar seguimiento a los casos de abuso o agresión contra menores de edad es una constante.

Añadió que en el cumplimiento de la legislación y de los acuerdos se tiene que considerar que los gobiernos municipales tienen incluso la plantilla de profesionales muy reducida, esto significa que habrá casos en los que no sea posible brindar una atención adecuada.

En esos casos dijo, es necesario recurrir a las instituciones de salud para las valoraciones de los pequeños, pero en el caso de algunas comunidades el personal médico también es reducido por factores como la lejanía y la densidad poblacional.

Jurado Medina destacó que en la protección de los Derechos de los menores “es muy complicado para los municipios, lo digo en el caso de Rodeo, el poder contar con la infraestructura necesaria para darle la atención a este tema tan sentido”.

En su caso, añadió que debido a que los recursos son limitados, debiera abordarse en tema de una forma regional, para que al mismo tiempo que se hace más eficiente la aplicación del recurso también mejore la atención a los menores.

Jóvenes y vulnerables

La puesta en marcha del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) significó la creación de un Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes que pretende generar indicadores sobre los menores de edad.

Sin embargo, al realizar una consulta de datos, Durango PRESS pudo constatar que la información disponible, al menos en los indicadores de violencia, no tiene datos sectorizados para Durango.

Al consultar el indicador de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de algún tipo de Violencia para el estado de Durango el último periodo disponible es el de 2012, esto con base en los registros que arroja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Sin embargo, los indicadores son a nivel nacional. Ese año, el 2012, 39 mil 300 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años fueron víctimas de violencia sexual. Según las cifras, 306 mil 300 padecieron maltrato emocional y ese año 555 mil 900 menores fueron víctimas de abuso físico.

A nivel municipal, uno de los problemas recurrentes tiene que ver con la ausencia de cifras que permitan hacer comparativos y marcar pautas de avance o rezago.

El alcalde de San Juan del Río, apuntó en entrevista que los problemas más recurrentes en cuanto a menores de edad se relacionan con el consumo de sustancias de los padres que da pie a omisión de cuidados.

En esos casos dijo, lo que se busca es acercarse a las familias para crear conciencia de las conductas destructivas, antes de pensar en retirar a los pequeños de sus hogares.

En ese sentido, el presidente municipal de Rodeo, apuntó que, igual que sucede en el caso de otros delitos, el enemigo a vencer en el maltrato y violencia infantil es la ausencia de las denuncias.

Como autoridades municipales dijo, hay casos en los que se enteran del maltrato o el abuso por terceros, que pueden ser incluso los vecinos de la víctima.

Por ello, además de fortalecer la infraestructura y el personal capacitado para atender estos casos, es necesario elevar los niveles de confianza entre los ciudadanos para incrementar el número de denuncias.

¿#ConLosNiñosNo?

A nivel nacional, en 2014 el Congreso de la Unión aprobó una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y luego en junio de 2018 se realizó una modificación a la legislación que reconoce a este grupo de edad.

Pero antes, en 2015, se creó a nivel nacional el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el cual se define como “un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideren mejor para ellos”.

Según su página oficial, el Sistema cuenta con los siguientes elementos: Un Sistema Nacional y Secretaría Ejecutiva instalados; una Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; un Consejo Consultivo del Sistema Nacional; 32 Leyes, sistemas, secretarías ejecutivas y procuradurías estatales instaladas; así como mil 125 sistemas y secretarías ejecutivas municipales instaladas.

Es a nivel municipal en donde algunos alcaldes han señalado que el cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley resulta en algo complejo debido a la falta de recursos.

Previamente, el alcalde en el municipio de Vicente Guerrero, Manuel Asunción Meraz Hernández, informó que el gobierno municipal llevaría a cabo algunas actividades en busca de recursos que le permitieran construir un espacio en el cual pudiera atender a los menores de edad.

Explicó entonces que en los casos en los que había señalamientos de maltrato o abuso, que requerían en resguardar a menores de edad, funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio debían decidir quién albergaba al menor en lo que se resolvía la situación jurídica.

En el Informe de Actividades, correspondiente al periodo comprendido de diciembre de 2017 a julio de 2018, el Sipinna señalaba que para entonces se habían instalado los 32 sistemas estatales y mil 680 municipales.

Sin embargo, la meta de dicho organismo federal, en cuanto a la instalación de sistemas municipales es de dos mil 457 en todo el país. Es decir que, a nivel nacional, para julio de 2018 estaban pendientes al menos 777.