Las impugnaciones son otro de los temas que está al orden del día en las resoluciones de la secretaría de la Contraloría

Jasón Eleazar Canales García, titular en Durango de la Secretaría de la Contraloría reconoció que los servidores públicos que son sancionados por la dependencia con la imposición de una multa económica son renuentes a realizar el pago.

En lo que va de este 2016 se han impuesto 15 sanciones, tres de las cuales terminaron en la inhabilitación de los funcionarios y se han impuesto multas por el orden de los ocho mil pesos, mientras que en 2015 fueron 62 los funcionarios sancionados y las multas económicas alcanzaron un millón 200 mil pesos.

Sin embargo, Canales García reconoció que no se ha cubierto al 100 por ciento el pago de estas multas, por parte de los funcionarios públicos señalados “Una vez que termina el proceso sancionatorio nosotros notificamos el cobro de la sanción ante la autoridad correspondiente y hay ocasiones en las que el servidor público por X o Y situación no tienen el recurso”.

Para estos casos explicó, la Ley prevé tras formas de cubrir dichos montos que pueden terminar incluso con el embargo de bienes para el señalado “Lo importante es que los servidores públicos sepan que si bien es cierto siempre hemos privilegiado el aspecto preventivo nunca toleraremos esas conductas”.

Las impugnaciones a las resoluciones de la secretaría son otro de los temas que se han vuelto constantes, agregó, ahora prácticamente ningún servidor público acepta una sanción así, sin más, la mayoría de ellos dijo se apegan al derecho que tienen de defenderse y presentan recursos de impugnación.