Vinculan a proceso a Rodrigo Medina

Monterrey.- El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, pero no se le impusieron medidas cautelares debido a una suspensión provisional vigente. Las acciones que la Fiscalía había solicitado como medidas cautelares eran la prohibición de salir del país […]

10/08/2016

Monterrey.- El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, pero no se le impusieron medidas cautelares debido a una suspensión provisional vigente.

Rodrigo Medina

Las acciones que la Fiscalía había solicitado como medidas cautelares eran la prohibición de salir del país y que el ex funcionario estatal se presentara de manera periódica.

Se dio a conocer que lo que se mantiene es el embargo precautorio de las propiedades del ex mandatario.

El juez de control, Jaime Garza Castañeda impuso un plazo de 3 meses para el plazo de cierre de la investigación, fecha que vence el próximo 9 de noviembre.

Luego de la maratónica audiencia que se prolongó por espacio de 14 horas, al ex mandatario estatal no le fueron imputados los delitos de peculado y daño patrimonial como pretendía la Subprocuraduría Anti corrupción.

El juez consideró que Medina de la Cruz participó directamente en la promoción de incentivos indebidos a la armadora coreana KIA Motors, motivo por el que se presume habría cometido el delito de ejercicio indebido de funciones públicas

Los otros delitos el juzgador los desestimó, porque consideró que no está acreditado que el ex mandatario indujo a los funcionarios de su gabinete a cometer actos ilícitos en el otorgamiento de incentivos a la armadora coreana, establecida en el municipio de Pesquería.

En entrevista, al término de la audiencia, el ex gobernador aseveró que para el delito de ejercicio indebido de funciones públicas que se le imputó tiene una defensa sólida la cual harán valer en el juicio.

“Esto como lo dice el juez, compartirlo con la gente, no significa que se haya comprobado la existencia de un delito que seamos responsables, simplemente que sigue la investigación y que el juicio continua”, explicó.

Al compartir el ánimo con que se retiraba de la diligencia dijo que más que contento lo que buscaba era justicia.

“Más que contento lo que estamos pidiendo es que se haga justicia. Estamos acudiendo ante las autoridades judiciales competentes, respetando las decisiones del Poder Judicial y bueno, finalmente esto tendrá que desahogarse no es una cuestión de emoción o de sentimiento”, aseguró.

El ex gobernador arribó al Palacio de Justicia en Monterrey, a las 8:15 horas, lo hizo acompañado de sus abogados, entre ellos, Adolfo Aguilar Zinser y Javier Flores Zaldívar.

A su llegada, el ex funcionario estatal aseguró que tenía “la conciencia tranquila” y que guardaba confianza en las autoridades.

“No hemos cometido delito alguno y lo vamos a demostrar, todo lo que es cuestión legal está en manos de los abogados…Confiamos en las autoridades del Poder Judicial del estado y que esto se lleve de manera objetiva”, afirmó.

La audiencia, de éste martes, le fue reprogramada a Medina de la Cruz, luego de que el pasado 28 de julio no se presentó debido a que le fue concedida una suspensión provisional de amparo.

A pesar de eso, aclaró, que su intención no era evadir a la justicia, sino que el amparo es un recurso al que tiene derecho.

“No estamos dilatando el proceso, estamos acudiendo a la justicia haciendo uso de nuestros derechos, que el piso sea parejo para todos. Hay especulación política en esta situación”, dijo a su llegada.

Afuera de las instalaciones del Palacio de Justicia un grupo de mujeres mostraron pancartas de apoyo al ex mandatario estatal y en contra parte un hombre se congratuló de que Medina de la Cruz por fin estuviera ante la autoridad “por rata”.

Al ex mandatario de Nuevo León se le requirió en el marco de la “Operación Tornado”. Se pretendía acreditarle tres delitos: daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones y peculado por el desvío de 3 mil 680 millones de pesos en beneficios otorgados a la armadora coreana.

Sin embargo, finalmente se le imputó solo el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

Excélsior


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