Con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de las Mujeres frente a la violencia de género, la diputada Delia Enríquez Arriaga propuso reformar el Código Penal del Estado para incorporar la presunción de la legítima defensa en casos donde las víctimas actúen para proteger su integridad o cuando terceras personas intervengan en su auxilio.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora señaló que, de aprobarse esta iniciativa, Durango se convertiría en el tercer estado del país en avanzar hacia una protección integral en materia de legítima defensa, enviando un mensaje claro de solidaridad institucional. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, expresó.

Presunción de legítima defensa en casos de violencia de género

La propuesta establece que se presuma la legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la agresión se cometa en perjuicio de una mujer que sea víctima o se encuentre en riesgo de violencia de género, así como cuando dicha agresión sea repelida por un tercero que actúe en su auxilio.

Asimismo, la iniciativa obliga al Ministerio Público y a las autoridades jurisdiccionales a actuar con perspectiva de género para determinar la procedencia de esta causa de justificación, sin que sea requisito contar con antecedentes previos de violencia, reconociendo el contexto real que enfrentan muchas Mujeres.

Avance legal ante la violencia estructural

Delia Enríquez Arriaga, integrante del grupo parlamentario de Morena, destacó que los cambios sociales y la persistencia de la violencia institucionalizada, el machismo y la misoginia han obligado a los sistemas jurídicos a evolucionar, a fin de brindar una mayor protección a niñas, jóvenes y Mujeres en general.

La diputada subrayó que, aunque las instituciones han avanzado en la atención a víctimas desde una perspectiva multidisciplinaria, persiste un vacío legal respecto a la reacción natural de las mujeres que se defienden ante una agresión para proteger su vida, sus bienes o a sus familias, muchas veces impulsadas por el instinto de supervivencia y la desconfianza hacia el sistema de justicia.

Recordó que la legítima defensa ya está reconocida en el marco jurídico mexicano como una causa de justificación que excluye la responsabilidad penal, siempre que se acrediten elementos como la agresión injusta, actual o inminente, la necesidad de la defensa, la racionalidad de los medios empleados y la ausencia de provocación.

Finalmente, señaló que reformas similares ya han sido aprobadas en entidades como Baja California y Tamaulipas, mientras que en Chihuahua la iniciativa avanza en comisiones legislativas, donde incluso existen Mujeres privadas de la libertad por haberse defendido de agresores tras sufrir violencia reiterada.