El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ernesto Alanís, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Desarrollo y Fomento Minero de Durango con el objetivo de impulsar una minería más responsable y sostenible mediante prácticas ambientales avanzadas y esquemas de incentivos.

De acuerdo con el legislador, la propuesta busca actualizar el marco legal para responder a los retos actuales en materia ambiental y social, promoviendo modelos de producción que prioricen el uso eficiente de los recursos naturales, la restauración de los ecosistemas intervenidos y una mayor transparencia en las operaciones del sector.

Incentivos para prácticas ambientales innovadoras

Durante la presentación de la iniciativa, Ernesto Alanís explicó que se plantea incorporar un nuevo supuesto en la legislación para que las empresas mineras que implementen voluntariamente mecanismos avanzados de gestión ambiental puedan acceder a incentivos no fiscales.

Entre las acciones consideradas se encuentran la gestión eficiente de residuos, la restauración ambiental progresiva, la reutilización de materiales y la innovación en el tratamiento de jales mineros. Estas medidas, dijo, permitirían fortalecer una minería moderna que contribuya tanto al desarrollo económico como a la protección del entorno.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI subrayó que es necesario promover una visión en la que las empresas mineras asuman una corresponsabilidad con las comunidades donde operan, generando capacidades locales y garantizando que exista desarrollo antes, durante y después de las actividades productivas.

Hacia una minería sostenible en Durango

El legislador recordó que históricamente la minería ha sido un motor de crecimiento para muchas regiones, al propiciar la formación de comunidades, generar empleos y detonar infraestructura y cadenas productivas que fortalecen la economía regional.

Sin embargo, Ernesto Alanís señaló que este papel también implica avanzar hacia nuevos modelos de producción que permitan equilibrar el aprovechamiento de los recursos naturales con la protección del medio ambiente y el bienestar social.

Actualmente, explicó, la legislación estatal ya contempla la posibilidad de otorgar incentivos no fiscales a empresas mineras que realicen acciones con impacto social, como contribuir al desarrollo económico, tecnológico y productivo del estado, generar empleos o impulsar la innovación científica.

Finalmente, Ernesto Alanís expresó su confianza en que esta iniciativa permita fortalecer la actividad minera en Durango bajo un enfoque sostenible, de manera que la derrama económica beneficie a las comunidades sin descuidar la protección del medio ambiente.