La Ley General de Aguas representa un avance histórico para garantizar el derecho humano al agua y terminar con abusos en su uso, afirmó la diputada Georgina Solorio García. Destacó que esta nueva legislación busca frenar el acaparamiento y la comercialización indebida del recurso, colocando como prioridad a las familias y comunidades.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo del titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, por impulsar una política hídrica que fortalece la legalidad y elimina privilegios en el acceso al agua.

Prioridad al acceso equitativo

Georgina Solorio subrayó que la Ley General de Aguas coloca este recurso como un tema de justicia social, dignidad y futuro, al establecer el acceso equitativo por encima de intereses privados. Explicó que la legislación prohíbe prácticas como la transmisión de concesiones entre particulares, el cambio indebido de uso y el acaparamiento.

Añadió que también se refuerzan las sanciones contra quienes explotan el agua de manera ilegal, lo que permitirá un mejor control del recurso. En ese sentido, resaltó que el Gobierno Federal ya reporta avances en inspecciones, clausuras y recuperación de concesiones que anteriormente eran utilizadas como negocio privado.

Combate a abusos y orden en concesiones

La diputada destacó que la Ley General de Aguas no solo castiga irregularidades, sino que corrige desigualdades históricas al devolver el recurso a quienes realmente lo necesitan, especialmente pequeños y medianos productores del campo mexicano. Señaló que esta transformación busca un manejo responsable y sustentable del agua.

Asimismo, informó que como parte de estas acciones se han concluido nueve mil 547 trámites en beneficio de comunidades y productores. Recordó que sigue vigente hasta el 28 de abril de 2026 el decreto de facilidades administrativas para regularizar concesiones, lo que permitirá avanzar hacia un sistema más transparente.

Finalmente, enfatizó que esta nueva legislación deja claro que el agua no puede seguir siendo un privilegio ni un botín. Advirtió que quienes cuenten con concesiones deberán utilizarlas exclusivamente para el fin autorizado, evitando abusos como los registrados anteriormente en municipios como Lerdo.