Ciudad de México, 12 de mayo.- Violencia, inseguridad, impunidad y falta de condiciones adecuadas para el desarrollo han propiciado que en diversas regiones miles de mexicanos abandonen sus lugares de residencia para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces aspectos tan básicos como preservar su vida e integridad física, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al menos 35 mil 433 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, según el organismo nacional.

Sin embargo, al presentar el primer informe especial sobre el desplazamiento interno forzado en México, el ombudsman Luis Raúl González Pérez planteó que el principal problema es que ni siquiera existe una información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de ese fenómeno.

Por ejemplo, un muestreo realizado por la propia CNDH con base en testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios detectó mil 784 personas que dijeron haberse desplazado.

Se ubicó además a 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno referenciadas por autoridades estatales y municipales.

En tanto que organismos protectores de derechos humanos han informado de seis mil 685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 16 mil 92 personas.

Luis Raúl González Pérez señaló que el desplazamiento forzado interno implica la vulneración directa o indirecta de derechos humanos, tales como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, a la seguridad personal, a la seguridad pública, a la seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación

“El desplazamiento forzado interno no es una cuestión nueva en nuestro país, ya que, bajo diversas modalidades y con distintas magnitudes, se ha presentado desde hace varios años, siendo algunas de las causas principales que históricamente lo han motivado los sucesos de 1994 en Chiapas, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, proyectos de desarrollo, violencia generada por temas religiosos, violencia generada por enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, las actividades de grupos de autodefensas y las amenazas derivadas del ejercicio de la actividad periodística”, indicó.

Así, exhortó al Estado mexicano a reconocer oficialmente la existencia de ese problema, adoptar una postura unívoca y emprender acciones específicas.

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