Ciudad de México, 30 de mayo.- El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción será la nueva política pública que aplicará en México en los próximos 10 años, con la cual se podrán frenar prácticas ilícitas que dañan a la economía nacional, aseguró Alberto Bazbaz Sacal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En México se están haciendo varios esfuerzos para generar una nueva política pública y cambiar las formas en las que la sociedad actúa; en la siguiente década uno de los mecanismos será el Sistema Nacional Anticorrupción, que a la par ayudará a frenar las operaciones de lavado de dinero”, dijo.

Al inaugurar el Primer Congreso Nacional en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, organizado por el Instituto Universitario del Estado de México (IUEM), afirmó que la corrupción en sí misma es un riesgo para nuestro país que genera mayores posibilidades de lavado de dinero.

“La corrupción es un riesgo que genera mayores posibilidades de actividades criminales ilícitas, genera una debilidad en las instituciones. La sociedad debe valorar los esfuerzos que se están llevando a cabo y participar”, destacó.

Bazbaz Sacal argumentó que si toda la sociedad y los tres órdenes de gobierno trabajan de la mano en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se podrán cambiar muchas cosas, será muy benéfico.

El titular de la UIF comentó que la facultad inmersa en la ley antilavado le permitió a la autoridad bloquear recursos de procedencia ilícita. Es una atribución nueva y ya muestra resultados.

Tan sólo en el periodo del 2013 al 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó fondos provenientes del blanqueo por un monto de 2,000 millones de pesos. La UIF, reveló, recibe alrededor de 20 millones de reportes de operaciones inusuales cada año, sólo se trata de avisos.

“Es muy importante que todas las personas sean conscientes de que pueden ser partícipes de una activad que fomenta el lavado de dinero y la actividad criminal, sólo por el hecho de no conocer con quién se realiza algún contrato o convenio”, matizó.

Alberto Bazbaz Sacal aceptó que es prácticamente imposible (99% de los casos) tratar de determinar la actividad ilícita de donde proviene el recurso para poder realizar un proceso o una sentencia por el delito de lavado de dinero.

El Economista