El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Alejandro Mojica Narváez, anunció que presentará una propuesta para castigar hasta con 12 años de prisión a quienes cometan fraudes mediante el esquema conocido como “montarrentas”, una práctica que afecta el patrimonio de las familias que buscan rentar una vivienda.

El legislador señaló que actualmente este tipo de conductas no están reguladas de manera específica, pese a que ya existen personas que han sido víctimas de engaños al intentar rentar casas o departamentos. Por ello, planteará modificaciones al Código Penal para que quienes incurran en estas prácticas puedan recibir penas de hasta 12 años de cárcel.

Alejandro Mojica explicó que los responsables aprovechan la necesidad de las personas de encontrar una vivienda y el procedimiento habitual de arrendamiento para obtener anticipos o depósitos, sin que exista realmente la empresa, el propietario o el inmueble que ofrecen.

Alejandro Mojica busca frenar fraudes en rentas de viviendas

El presidente de la Jugocopo consideró necesario atender esta problemática desde el ámbito legislativo, al señalar que detrás de estos engaños están los ahorros y el esfuerzo de las familias que buscan invertir en el patrimonio de sus hogares.

Indicó que tiene conocimiento de dos casos registrados durante el mes pasado, situación que consideró suficiente para comenzar a impulsar medidas que permitan prevenir y sancionar este tipo de fraudes.

“Vayamos atendiendo lo que pasa en la realidad y legislemoslo, escuchemos y después legislemos”, expresó Alejandro Mojica al explicar el objetivo de la iniciativa que llevaría a tribuna.

Así operan los llamados montarrentas

Sobre el modus operandi de los responsables, Alejandro Mojica detalló que utilizan redes sociales para publicar fotografías y anuncios aparentemente reales de casas o departamentos en renta. En las publicaciones incluyen descripciones, números telefónicos y cuentas bancarias para recibir los pagos.

El engaño ocurre cuando las personas interesadas realizan los anticipos o depósitos, como normalmente sucede en un proceso de arrendamiento. Sin embargo, cuando intentan comunicarse nuevamente para continuar con el trámite, los supuestos arrendadores desaparecen y dejan de responder.

Además de la propuesta para castigar estas conductas, Alejandro Mojica recordó que ya fue aprobada por unanimidad una Ley de Servicios Inmobiliarios, la cual establece la obligación de que las personas y empresas que ofrecen servicios de renta o vivienda estén debidamente registradas y certificadas.

Con estas medidas, el legislador busca avanzar en la regulación de los servicios inmobiliarios y establecer sanciones para quienes utilicen los arrendamientos como mecanismo para defraudar a las familias.