A pesar que Durango fue uno de los estados más golpeados por el crimen organizado durante la llamada “Guerra contra el narcotráfico” aquí la sociedad no ha creado grupos de ayuda ni organizaciones para buscar desaparecidos y tampoco se reúne para compartir su dolor como parte de una terapia psicológica
Durango.

Según Amnistía Internacional en su informe “Un trato de indolencia: La respuesta del Estado frente a las desapariciones en México”, publicado el pasado 14 de enero, tiene al menos 352 denuncias por desaparición forzada, en contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) niega todo vínculo con la crisis de Derechos Humanos y aclara que desde 2014 no se ha levantado ninguna acta por ese motivo en la entidad.

Mientras tanto, en Veracruz y Guerrero existen brigadas o colectivos familiares que recorren los territorios accidentados y las planicies en busca de fosas comunes con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, aquí en Durango, la sociedad civil no ha empezado ni siquiera a organizarse.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reitera que desde 2014 Durango no ha registrado una sola denuncia por desaparición forzada, sin embargo cada mes reciben entre seis y 10 alertas de familiares por personas que no han sido localizadas en un corto periodo de tiempo pero las actas se desechan cuando se comprueba el regreso de la persona a su hogar.

En contraste, el reporte de 2015 presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, se menciona que Durango, junto con Nuevo León, Chihuahua, Morelos y Oaxaca concentra el 12 por ciento de las desapariciones en México.

A pesar de la poca respuesta por parte de las autoridades para dar con el paradero de las personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad, la sociedad duranguense no se ha permitido salir a la calle para exigir a las autoridades una investigación eficiente sobre el paradero de sus familiares y tampoco ha habido iniciativas ciudadanas de grupos civiles organizados para llevar la búsqueda por su cuenta.

Tal situación, para el investiador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Pedro Peralta significa que las familias no han superado el miedo simplemente porque no encuentran garantías de seguridad para salir a la calle.

En entrevista para Durango Press afirma “No hay quien los busque, ya los deudos perdieron las esperanzas en Durango”.

Pero además dijo, otro factor que dificulta la visibilidad del problema de desapariciones a nivel local es que Durango no es una sociedad politizada como otras en las que las manifestaciones son multitudinarias.

“Aquí los universitarios duranguenses tardaron 15 días en organizarse y salir a la calle en solidaridad con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero”.

En 2007 al inicio de la “Guerra contra el Narcotráfico”, emprendida por el el expresidente panista Felipe Calderón, el aparato propagandístico se enfocó en la percepción de que solo había “buenos o malos” y bajo esa lógica cada desaparecido o ejecutado formaba parte del crimen organizado.

Una prueba de esta política fue que inmediatamente después de la masacre de 16 estudiantes de preparatoria en Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno federal atribuyó el hecho a un ajuste entre pandillas, dichos que posteriormente le costaron al Presidente de la República una visita al barrio chihuahuense para ofrecer disculpas, añadió el sociólogo de la UJED.

“Cuando empezaron a pegarle a familiares de conocidos, decías, ¿Apoco? Y ya cuando pasó en tu familia o amigos muy cercanos, decías, no esto no es porque anduvieran en malos pasos” fue hasta entonces que empezó a cuestionarse la guerra entre buenos y malos en México.

Sin embargo para muchos la duda persiste, no solo en el sentido de que las víctimas pudieran ser responsables de su destino al haberse inmiscuido en actividades ilícitas sino también en la responsabilidad que tiene el Estado de esclarecer los hechos y brindar certeza a las familias del paradero de estas más de 27 mil personas registradas oficialmente.

La posibilidad de que autoridades, de alguno de los tres niveles de gobierno o instituciones castrenses estén relacionadas con la desaparición y los alcances de los presuntos responsables es algo que se debe tomar en cuenta si se pretende exigir justicia.

No son pocos los casos de hombres y mujeres que al convertirse en las figuras visibles de la lucha para exigir justicia en México se convirtieron en blancos directos de la delincuencia organizada o de los responsables de la desaparición del miembro de la familia que se buscaba.

En los casos de desaparición forzada, en los que una autoridad es señalada como probable responsable, la Policía Federal lidera las acusaciones, según el informe de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Pero este es un tema en el que nadie tiene las manos limpias, las autoridades estatales, municipales y castrenses cuentan con sendas acusaciones a nivel nacional, un ejemplo es la discusión en el Senado de la República en torno a la implementación del Mando Mixto, derivado de la colusión del crimen organizado en las agrupaciones municipales del país.

Mientras tanto a las familias se les niega el derecho de vivir su duelo, ya que ante la pérdida de un ser querido en circunstancias traumáticas como una desaparición forzada se congelan en una negación casi eterna.

La psicóloga Miriam Barrera, señala que en muchos casos alguien que se enfrenta a la pérdida de alguien cercano en circunstancias en las que la duda persiste, no transita por las cinco fases de un duelo, los mecanismos de defensa emocionales se activan dejando a las personas en limbos de negación o depresión eterna, señala.

La recomendación de que las familias afectadas por la pérdida de un ser querido busquen ayuda profesional o de grupos que hayan pasado por una experiencia similar cae en suelo estéril, puesto que en Durango no existe un solo movimiento que congregue a las familias de las víctimas de este delito.