“H” siempre creyó qué moriría en la sierra, supo que no sería posible el día que cinco hombres armados bajaron a un estudiante de bachillerato de una camioneta color vino doble cabina justo frente a su ventana y lo fusilaran unos segundos después.

Meses después, cuando su hijo se graduó de bachillerato decidió que se iría con él a la capital del estado, nadie la amenazó, nadie a punta de pistola le dijo que tenía que irse ni le dió un plazo para salir del pueblo.

Se peina el cabello con los dedos y pone expresión angustiada mientras dice “un día abrías los ojos y andaba un militar paseándose por tu recámara, esculcando tus cosas dizque buscando armas y al rato tenías que pasar a la tienda en medio de 10 camionetas con fulanos armados y embozados, se agarraban a balazos a la mitad del pueblo y casi oías las balas chiflándote en los oídos”.

Subió lo que cupo en un camión de mudanza, dejó la casa con sus muebles, el jardín de rosas que en primavera perfumaba la colonia y se trajo la diabetes, la presión alta y la certeza de no querer volver a la sierra ni de visita.

Ella no lo sabe pero forma parte de una estadística de desplazados qué a nivel mundial suma 13.9 millones de personas, según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) titulado “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado” publicado apenas en mayo de este año.

En un dato más cercano, el director ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Carlos Güereca Prado señala que según datos de la última Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 1.9 por ciento de los hogares de Durango han sido desplazados.

Esto significa que de los 451 mil 577 familias que viven desperdigadas en la geografía local al menos cinco mil 416 familias, lo equivalente a 22 mil 207 personas, han tenido que desplazarse por temas relacionados con la falta de seguridad en sus lugares de orígen, pero a esta cifra habrá que sumar los incidentes del año pasado.

Mediáticamente se conocieron dos incidentes el año pasado, el primero en julio de 2015 cuando 45 familias tuvieron que abandonar sus hogares en la comunidad de Sapioriz en el municipio de San Dimas después de que al menos 11 personas murieran en una emboscada en la que nunca se aclaró la identidad de las víctimas.

La segunda cortesía de los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) mientras buscaban al capo sinaloense, Joaquín Guzmán Loera en los límites de Durango y Sinaloa, en aquella ocasión fueron 253 familias de las comunidades de El Verano y El Limón en Tamazula quienes tuvieron que salir huyendo rumbo a Cosalá, municipio de Sinaloa.

En estos dos casos el desplazamiento se dio a conocer por tratarse de circunstancias especiales como la búsqueda del capo más conocido en los últimos años, pero en la mayoría de los casos no se tiene registro del abandono a las comunidades porque este se hace en silencio y a veces de noche.

El estudio sobre desplazados de la CNDH lo reafirma en la página 66 numeral 199 y explica que “además del temor al hablar, se advierte el bajo índice de denuncia por parte de las personas desplazadas respecto a los delitos cuya actualización es concomitante al fenómeno del desplazamiento”.

El vocero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Luis Guillermo Manifacio Tejada coincide con el informe nacional y agrega que no se cuenta con una sola denuncia en el estado por el desplazamiento forzado.

En el caso de Tamazula, las 12 quejas que se presentaron fueron por agresiones por parte de marinos a las personas de la comunidad y los daños que provocaron a las viviendas durante los operativos.

La Comisión de Atención Víctimas del Delito tampoco atiende a ningún desplazado en Durango, la titular María Ismelda Flores Morales evoca un único caso en junio o julio de 2011 en el que tras el asesinado de un hombre en la comunidad de Cebollas también en San Dimas 20 familias se trasladaron a la capital sin nada más que la ropa que traían puesta.

Esto luego de recibir amenazas por parte del grupo responsable del asesinato del hombre, sin embargo la funcionaria relata que tras un par de días los pobladores volvieron a la comunidad, luego que la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública garantizarán qué había condiciones para hacerlo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco arroja datos distintos, el vocero de la dependencia Raymundo Enríquez explica que las denuncias se presentan por otros delitos como agresiones o secuestro, nunca al ser obligados a dejar sus propiedades y patrimonio en la comunidad de la que huyen a causa de la inseguridad porque a fin de cuentas, dejarlo todo es una decisión voluntaria. Salvar la vida casi siempre es una decisión voluntaria.

Carlos Güereca agrega que hay tres tipos de desplazamiento, el primero cuando alguien decide cambiarse de colonia por considerar el lugar donde vive como inseguro, el segundo cuando hay un cambio de estado y el tercero es cuando de plano la situación de inseguridad obliga a alguien a pedir asilo en otro país.

El informe de la CNDH identifica seis causas de desplazamiento forzado, la primera un conflicto armado, la segunda violencia generalizada, en tercer lugar las violaciones a derechos humanos, luego las catástrofes naturales y por último los proyectos de desarrollo.

Sin embargo el reconocimiento del problema es más bien vago casi en todo el país, un funcionario municipal de una de las zonas que ha registrado desplazamientos en Durango baja la voz y mira alrededor antes de responder que es un tema difícil y aunque reconoce que hay comunidades prácticamente vacías por esta causa no dice más.

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, el diputado José Ángel Beltrán Félix asegura que el único caso del qué tiene conocimiento es el de Tamazula el año pasado y hasta hoy ningún duranguense se ha acercado a pedir apoyo a los miembros de esta legislatura por causa de desplazamiento forzado.

El legislador va más allá y afirma que la salida de las 22 mil personas que reporta la ENVIPE deberá ser analizada desde la óptica de una migración en busca de mejores oportunidades de vida.

Y aunque el informe de la CNDH sí reconoce que el desplazamiento es una especie de migración, distingue entre la migración común en la que el ciudadano decide dejar su casa en su comunidad o lugar de origen para dirigirse a un punto donde considera posible acceder a un mejor nivel de vida a una migración forzada en la que las familias no tienen certidumbre sobre su destino.

Ismelda Flores reconoce que la ausencia de denuncias por casos de desplazamiento se debe a la falta de credibilidad de las instituciones encargadas de brindar seguridad en México e incluso en los defensores de derechos humanos.

“Cuando una persona ha vivido una situación de violencia pierde la credibilidad en todo y me refiero en todo hasta espiritualmente hablando, emocionalmente están devastadas y se vuelven desconfiadas”, una persona que se va de manera repentina de su casa es alguien que no sólo pierde bienes materiales sino también la vida que eligió vivir.