Por tal motivo el exgobernador de Sonora será investigado por delitos electorales, aseguró Juan Manuel Estrada, titular del instituto

Hermosillo, 8 de diciembre.- Además del proceso en su contra por operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, el exmandatario panista Guillermo Padrés Elías será investigado por delitos electorales, debido a que una de las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia en Sonora (PGJE) es que los 3.5 millones de pesos que cargaba su trabajador eran para apoyar la campaña de José Luis Preciado Rodríguez por el gobierno de Colima.

Así lo afirmó Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Find Niños Robados o Desaparecidos, quien también representa a la sociedad civil en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar los Delitos de Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Fuentes cercanas a la PGJE aseguran que Luis Arístides López Moreno (veterinario de la familia Padrés detenido con 3.5 millones de pesos) reveló durante la indagatoria que el dinero en efectivo sería trasladado al estado de Colima en apoyo al Partido Acción Nacional para las próximas elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo el próximo 17 de enero”, aseguró Juan Manuel Estrada, quien ha ganado dos veces el Premio Nacional de los Derechos Humanos.

El presidente de Fundación Find, quien ayudó a esclarecer casos como el albergue de Mamá Rosa en Michoacán y el de la joven desaparecida Alondra Luna en Guanajuato, recordó que el pasado mes de abril, días antes de las elecciones extraordinarias en Colima, el Partido Revolucionario Institucional en ese estado denunció a Guillermo Padrés Elías, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por participar en un acto anticipado de campaña.

Amplían plazo

Por otra parte, el agente del Ministerio Público a cargo del caso Padrés solicitó al juez Chastré Leyva Miranda, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal, una ampliación del término legal de 48 a 144 horas (seis días), que es el máximo permitido por la Ley, para integrar una averiguación previa más contundente en contra de Luis Arístides y continuar con diligencias y cateos a las propiedades de la familia del ex gobernador de Sonora.

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