Ciudad de México.- El secretario general del ayuntamiento de Pachuca, Rubén Muñoz Saucedo, reveló que la nueva administración municipal detecto anomalías en el cobro de licencias de funcionamiento a negocios que les heredó el ex presidente priista Eleazar García Sánchez y que representarían un daño de más de 20 millones de pesos al erario público.

En rueda de prensa, planteó que estos beneficios irregulares representaron descuentos de hasta el 85 por ciento en las contribuciones de los establecimientos.

Explicó que actualmente existen 15 mil 320 licencias de funcionamiento en el municipio, de las cuales, se estima que el 30 por ciento cuenta con anomalías en su documentación, “hablamos de un daño patrimonial de arriba de 20 o 25 millones de pesos”, dijo.

Acompañado por el director de Reglamentos y Espectáculos, Leonardo Escudero Sánchez y el regidor Jorge Ortega Moreno, planteó que en el caso específico de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo encontraron que en su padrón había “algunos beneficiados de palabra” que esgrimían el monto total de sus pagos.

“Por ejemplo, una mujer que debió pagar por su permiso una cantidad superior a los 70 mil pesos de acuerdo al tabulador, sólo paga poco más de mil pesos”, explicó.

Mencionó que los beneficiados por la administración anterior son quienes se oponen a la regularización.

“Efectivamente a ellos, a esos privilegiados es a quienes se les ha incrementado el costo por razones obvias”, destacó luego de que empresarios “denunciaron” un repentino incremento en el cobro de sus permisos.

“Nosotros tenemos un tabulador que está reglamentado y en base a éste se hacen los cobros, no solamente para los agremiados de una cámara, sino para todos los comercios de Pachuca”, agregó.

Citó como ejemplo el caso de un establecimiento comercial al que se le otorgó la placa de funcionamiento en la administración pasada, solicitada por un integrante de la Cámara Nacional de Comercio para un familiar y la cual presenta un sinfín de irregularidades, como la ausencia de firmas, notas donde se dice que no tiene dictamen de uso de suelo, además de estar sellada por la misma Canaco.

“Si nos basamos en el tabulador, esta placa de funcionamiento está en una zona residencial con más de 30 metros cuadrados de construcción, la cual se debió haber comprado en esa fecha con un monto de 70 mil 450 pesos; sin embargo, se le hizo un cobro de mil 760 pesos”.

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