El Senado actualizó la Ley Federal de Consulta Popular, en la que se establece que este ejercicio ciudadano podrá llevarse a cabo el primer domingo de agosto de cada año y se precisa que no será objeto de las consultas, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular.

Los senadores -en su mayoría- confiaron que las reformas realizadas a la Ley Federal de Consulta Popular, permitirán otorgar un fortalecimiento real a la participación ciudadana.

Al respecto, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, explicó que con esta reforma se evita la contradicción normativa y la población tendrá el derecho de acudir a la Consulta Popular como instrumento de participación.

Las reformas, agregan que no podrán ser objeto de consulta popular, el sistema financiero y, el Presupuesto de Egreso de la Federación, así como las obras de infraestructura en ejecución.

En este contexto, los senadores del PAN, lamentaron que se cancelara el Aeropuerto Internacional de Texcoco, con una consulta que -con esta reformas- sería ilegal.

En tanto, la bancada del PRI, votó en contra de las reformas. “Este dictamen abre la posibilidad de que las y los ciudadanos voten por la abstención en un ejercicio de consulta, una previsión en apariencia inofensiva, que podría, sin embargo, tener graves consecuencias en la legitimidad de las decisiones que pretendan avalarse mediante una figura de democracia directa”, advirtió la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien anunció la presentación de un voto particular, sobre el tema.

Las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano, también votaron en contra, por considerar que la figura de abstención es una trampa.

De esa manera, las reformas establecen que, las consultas tendrán como objeto temas de interés nacional o regional; el resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Aclara que, el dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso, dentro de un plazo de 20 días naturales para cada una, en forma sucesiva, contados a partir de la recepción del proyecto, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

La reforma pasa al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.